Ocho Sur P S.A.C. enfrenta una denuncia penal por delitos contra la libertad de trabajo y contra la salud pública. Durante inspección fiscal, 90% de los trabajadores testeados en la empresa de palma aceitera dio positivo
al coronavirus.
Lucero Ascarza
Obligados a trabajar pese a síntomas de enfermedad. De acuerdo a reportes de trabajadores de Ocho Sur P, desde mayo un gran grupo presentaba fiebre, tos, dolores de cabeza y de garganta. Sin embargo, señalaron que la agroindustrial ubicada en el distrito de Nueva Requena, Ucayali, se rehusó a que fueran a descansar a sus hogares y solo brindó atención médica a quienes se desmayaban por el malestar en plena faena.
Así consta en la denuncia presentada contra Ocho Sur P por la Comisión de Derechos Humanos (CODEH) de Pucallpa, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Las acusaciones provienen de quejas recibidas por estas instituciones y denuncias anónimas difundidas por organizaciones y ciudadanos indígenas. En base a esa información, la denuncia señala que Ocho Sur P es culpable de los delitos de atentado contra las condiciones de seguridad y salud; trabajo forzoso; propagación de enfermedades peligrosas; y violación de las medidas sanitarias.
Esta acción legal encuentra respaldo en una inspección realizada en la empresa de palma aceitera el 5 de junio. Personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Defensoría del Pueblo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali y la Dirección Desconcentrada de Cultura acudió a las plantaciones de Ocho Sur P para realizar pruebas de descarte de COVID-19 y los resultados fueron abrumadores: 35 de 39 personas testeadas dieron positivo.
De acuerdo al acta fiscal, la mayoría de trabajadores infectados era asintomático y se encontraba en la etapa final de la enfermedad. El informe de Diresa Ucayali, al que tuvo acceso Wayka, destaca que los trabajadores «informaron que la gran mayoría mostró malestar general, dolor de espalda y fiebre hace aproximadamente 3 semanas atrás«; coincidente con la fecha de las denuncias en redes.
Contagio que pudo prevenirse
«Un contagio altísimo debido a que es una población que comparte un mismo espacio»
-Informe de intervención de la Diresa Ucayali
«Como es una localidad alejada de la ciudad de Pucallpa, la empresa evidentemente no pensaba que iba a ser inspeccionada», comenta Hugo Pari, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali. El funcionario, quien participó en la intervención a Ocho Sur P, resaltó que los contagios ocurrieron pese a que los trabajadores de campo han laborado toda la cuarentena sin salir del campamento. «Si ellos no han salido, han tenido que ser los administrativos o terceros que le brindan servicios. Por ahí ha podido llegar (el virus)», señaló a Wayka.
Al respecto, tanto Pari como el informe de la Diresa Ucayali apuntan que el personal administrativo de Ocho Sur P no quiso realizarse la prueba rápida. Algo que podría relacionarse con la denuncia difundida por el comunicador indígena Ítalo García el 22 de mayo, según la cual los trabajadores pensaban que el personal administrativo los habría contagiado «porque constantemente salen a la ciudad de Pucallpa».
Tanto esa denuncia como otras previas, provenían de trabajadores shipibo-konibo o de sus familiares. Sin embargo, durante la inspección fiscal del 5 de junio no se encontró a ninguna persona perteneciente a ninguna comunidad indígena.
Como explica Hugo Pari, la intervención solo se realizó un día y no pudieron abarcar más por el tamaño enorme de las parcelas. Después de todo, Ocho Sur P tiene un área aproximada de 6 mil hectáreas, con seis campamentos donde trabaja un total de 560 personas (430 de ellos son trabajadores de campo), según información de una administradora.
Wayka se comunicó con Ulises Saldaña, gerente de gerente de sostenibilidad y vocero de Ocho Sur, respecto a las acusaciones contra la empresa de palma aceitera. Enviamos preguntas a su correo, sin embargo señaló que no podía responder hoy debido a que estaba en el campo y tenía actividades ya programadas.
Comunidad en riesgo
La denuncia presentada por la CODEH – Pucallpa, IDL y la FECONAU concluye que Ocho Sur P «ha adoptado medidas incompatibles con la protección de la salud de sus trabajadores». Además, que dicha falta expone también la salud de Nueva Requena y Ucayali en general, debido al contacto que los trabajadores de campo tienen con quienes participan en el transporte del aceite de palma y la compra de insumos.
Al 10 de junio, la Diresa Ucayali registró 7 mil 13 casos positivos de COVID-19, de los cuales 350 corresponden a ciudadanos shipibo-konibo. Una etnia a la que, de acuerdo a las denuncias, pertenece una gran parte de trabajadores de Ocho Sur.
«Hay indígenas que han estado laborando en condiciones desfavorables. La empresa ha venido violando derechos por bastante tiempo», indicó Miguel Guimaraes, presidente de la FECONAU, a Wayka.
Al respecto, Guimaraes informó que en la comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya hay nueve personas con síntomas de COVID-19. Cabe destacar que esta comunidad está ubicada en zonas colindantes a los campamentos de Ocho Sur, empresa con la que mantiene hace años un litigio por su territorio ancestral.
«El representante de la empresa, Ulises Saldaña, ha estado queriendo convencer al jefe (de la comunidad) para que no diga nada en contra. Ha ofrecido víveres inclusive, antes de la pandemia ofrecía carreteras. Trata de confundir a la población. Ya no es el ataque con armas de fuego, ahora son promesas», declara el presidente de la FECONAU. No descarta que los posibles contagios en Santa Clara podrían deberse a contacto de sus miembros con personal de Ocho Sur.
Luego que 90% de los trabajadores testeados dieran positivo al virus, Diresa Ucayali recomendó que la empresa paralice sus actividades durante 15 días y haga una revisión de sus protocolos de prevención.
Hugo Pari, representante de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, señaló a Wayka que han solicitado la intervención urgente de la Dirección Regional de Trabajo del Gobierno Regional de Ucayali, así como la fiscalización de Sunafil y la OEFA, pues estas entidades no participaron en la inspección a Ocho Sur P y se debe verificar que la empresa ha estado operando en cuarentena con todas las autorizaciones.
